criminologiaLa problemática de la criminalidad no es una simplicidad, pues agobia a casi todos los países del mundo. Lo que si es propio y específico de cada pueblo, de cada ciudad, es sobre los delitos que se cometen y el modus operandi de este. Así mismo resultan muy autóctonos la variada gama de factores que influyen en esta grave dificultad. Pero la dificultad va más allá de las causas y se extiende hasta el que hacer frente a ella, toda vez que los ciudadanos comunes y silvestres, hemos delegado en el estado la labor de no solo protegernos, sino también controlar, erradicar y prevenir este mal.
Surge entonces la interrogante: ¿es adecuada la política criminal actual?, tal vez la respuesta a esta incógnita se encuentre en que el ser humano de hoy rompa paradigmas sobre los pensamientos acerca de la criminalidad, en lo que se hace y se deja de hacer; en las exigencias a las que nos debemos frente a un estado ineficiente y austero en esta área.
No es inequívoco el pensar que sea necesaria la presencia policial, o que estos tengan más o mejores armas, sin embargo esto dista mucho de ser la medida precisa pues no esta basada en la realidad de nuestra sociedad. Comprende pues la necesidad de que la criminología como ciencia juegue el papel más relevante desde sus orígenes, a saber, el rol de la respuesta acertada.
Son muchos los vértices del asunto, por un lado nos encontramos con un ordenamiento legislativo plagado de vicios y lagunas jurídicas, en razón de que los legisladores intentan tapar el sol con un dedo creando normas, modificando otras, con la intención de remendar un nuevo tipo penal producto de la injusticia social cotidiana. Esto, ha traído como consecuencia, una descodificación total de la norma sustantiva, tipos penales que coinciden en todo, menos en el nombre; o con diferentes sanciones en una u otra ley. La jurisprudencia activa, producto de las máximas de experiencia de nuestros ilustres ejemplos de sabiduría y equidad, actualizan, discuten y llenan los vacíos pero solo para los que se enteran, culminando hasta en la derogación desconocida de normas que le dan tipicidad a determinados actos.
Se pueden citar, por ejemplo, casos como el de la competencia en el caso de delitos donde un niño o adolescente son parte bien como victimario o como víctima, lo que a su vez decanta en la confusión de la norma a aplicar. Se suma el problema de la competencia de nuestros tribunales civiles sobre los divorcios donde hay hijos de por medio, para lo que se cuenta solo con la participación del ministerio público como observador y simple requisito de procedencia mas que como la garantía de que la separación de un hogar, la venta de la vivienda con objeto de la separación de bienes; pudieran estos ser efectos traumáticos para un adolescente y que originen violencia.
Existen tipos penales que no están claros en el ámbito penal. Muestra de ello es el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema donde existe mucha tela que cortar aún. Otro caso es los más novísimos. Si bien se promulgó una ley contra los delitos informáticos, esta ataca principalmente los delitos contra la propiedad, sin embargo el tópico de la pornografía se trastoca muy superficialmente. Más nuevos aún son los delitos de acaparamiento y los inherentes a la incorrecta utilización de los productos de consumo subsidiados por el estado.
Al respecto, vale citar a Mayorca (1999) quien nos dice:
“Cuando el derecho no es capaz de asegurar un cierto grado de aplicabilidad, de factor y control social que se le suponía, se convierte en traba a la conducta humana tolerada y puede llegar, por si mismo, a ser factor de comportamientos prohibidos. Entonces podemos hablar del Derecho como factor criminógeno.”
De la anterior cita se desprende la premisa de que en el argumento del derecho penal siempre se está un paso atrás que la delincuencia, por lo tanto debe hacerse una reestructuración del mismo y traer a colación todas esas normas que han surgido sin ser codificadas ya que resulta ineficaz el sistema actual. Esto se evidencia en que la consecuencia jurídica inmediata a la comisión de un delito no es expedita, motivado a la inadecuación del sistema judicial para tales efectos.
En el mismo orden de ideas, el tema penitenciario, no escapa de esta dificultad. No es secreto la situación actual de los centros penitenciarios y cárceles del país, colmados de hacinamiento, insalubridad, mal trato a reclusos y familiares de estos, corrupción y tráfico interno, entre otros.
El gobierno actual a puesto en marcha el Proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario, a través del Ministerio para el Poder Popular de Interior y Justicia, de la mano del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) lo que representa una alternativa para aliviar la emergencia carcelaria que experimenta el país. Consiste en la creación de nuevos módulos de reclusión que a juicio de los representantes del ministerio, garantizaran un tratamiento integral y clasificación de la población reclusa. Sin embargo, a los efectos solo se ha inaugurado un solo módulo de esta naturaleza, específicamente en la localidad de coro y el cual posee capacidad para 870 internos. Los autores somos de la opinión de que aunque representa un paso importante, esto no resuelve la problemática penitenciaria pues la población penal es mucho mayor de lo que se cree, lo que representa poca celeridad para este proyecto. Entre los beneficios de este programa, se destacan iniciativas de relevancia en política criminal tales como la distribución de los reclusos en módulos de observación de mínima, mediana y máxima seguridad; de mujeres y madres; de aislamiento y destacamento de trabajo lo que permitirá la ejecución acertada de funciones de administración, seguridad y custodia, reclusión, prestación de servicios al interno, utilización de áreas de tratamiento educativo, cultural, deportivo, salud y trabajo.
Se tiene la falsa creencia de que los sistemas penitenciarios de Europa e inclusive los del “norte”, resultan más eficaces que los de Latinoamérica. Nada más lejos de la realidad; y tal vez esta circunstancia sea la causa del error en la implementación de estrategias criminales copiadas de estos sistemas. Las estadísticas mundiales arrojan que la crisis de la inseguridad es mas acentuada en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Portugal y España y peor aún en países que son o han sido colonias de estos hasta data reciente y que pudieran ser reflejados por los medios de información como paradisíacos, ejemplo de estos, las Islas Caimán, Islas Vírgenes o Bermudas.
Como se menciona en el principio, Venezuela tiene la particularidad de ser un país sub.-desarrollado, pero en una clara y acelerada vía de desarrollo. Esto origina los problemas de ambos tipos de país. Por un lado la disconformidad socioeconómica pronunciada en la población, circunstancia propia de un país subdesarrollado, como principal efecto, no limitativo, por otro, el gran crecimiento en la demanda de tecnología, turismo, comodidad, beneficio económico, consumo, entre otras; rasgo natural de nuestras ciudades ansiosas por convertirse en grandes metrópolis.
En conclusión, la política criminal la determina la sociedad y es menester que la criminología intervenga en cada uno de los lineamientos de ésta, siempre con la orientación de que se trata de un problema y que por lo tanto tiene soluciones que no se sustentan solo en la represión ya que en este apartado la restricción de la libertad debe ser el último recurso a utilizar. Debemos entonces estudiar al delincuente no como un sujeto castigable, sino como un ser humano regenerable.
Surge entonces la interrogante: ¿es adecuada la política criminal actual?, tal vez la respuesta a esta incógnita se encuentre en que el ser humano de hoy rompa paradigmas sobre los pensamientos acerca de la criminalidad, en lo que se hace y se deja de hacer; en las exigencias a las que nos debemos frente a un estado ineficiente y austero en esta área.
No es inequívoco el pensar que sea necesaria la presencia policial, o que estos tengan más o mejores armas, sin embargo esto dista mucho de ser la medida precisa pues no esta basada en la realidad de nuestra sociedad. Comprende pues la necesidad de que la criminología como ciencia juegue el papel más relevante desde sus orígenes, a saber, el rol de la respuesta acertada.
Son muchos los vértices del asunto, por un lado nos encontramos con un ordenamiento legislativo plagado de vicios y lagunas jurídicas, en razón de que los legisladores intentan tapar el sol con un dedo creando normas, modificando otras, con la intención de remendar un nuevo tipo penal producto de la injusticia social cotidiana. Esto, ha traído como consecuencia, una descodificación total de la norma sustantiva, tipos penales que coinciden en todo, menos en el nombre; o con diferentes sanciones en una u otra ley. La jurisprudencia activa, producto de las máximas de experiencia de nuestros ilustres ejemplos de sabiduría y equidad, actualizan, discuten y llenan los vacíos pero solo para los que se enteran, culminando hasta en la derogación desconocida de normas que le dan tipicidad a determinados actos.
Se pueden citar, por ejemplo, casos como el de la competencia en el caso de delitos donde un niño o adolescente son parte bien como victimario o como víctima, lo que a su vez decanta en la confusión de la norma a aplicar. Se suma el problema de la competencia de nuestros tribunales civiles sobre los divorcios donde hay hijos de por medio, para lo que se cuenta solo con la participación del ministerio público como observador y simple requisito de procedencia mas que como la garantía de que la separación de un hogar, la venta de la vivienda con objeto de la separación de bienes; pudieran estos ser efectos traumáticos para un adolescente y que originen violencia.
Existen tipos penales que no están claros en el ámbito penal. Muestra de ello es el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema donde existe mucha tela que cortar aún. Otro caso es los más novísimos. Si bien se promulgó una ley contra los delitos informáticos, esta ataca principalmente los delitos contra la propiedad, sin embargo el tópico de la pornografía se trastoca muy superficialmente. Más nuevos aún son los delitos de acaparamiento y los inherentes a la incorrecta utilización de los productos de consumo subsidiados por el estado.
Al respecto, vale citar a Mayorca (1999) quien nos dice:
“Cuando el derecho no es capaz de asegurar un cierto grado de aplicabilidad, de factor y control social que se le suponía, se convierte en traba a la conducta humana tolerada y puede llegar, por si mismo, a ser factor de comportamientos prohibidos. Entonces podemos hablar del Derecho como factor criminógeno.”
De la anterior cita se desprende la premisa de que en el argumento del derecho penal siempre se está un paso atrás que la delincuencia, por lo tanto debe hacerse una reestructuración del mismo y traer a colación todas esas normas que han surgido sin ser codificadas ya que resulta ineficaz el sistema actual. Esto se evidencia en que la consecuencia jurídica inmediata a la comisión de un delito no es expedita, motivado a la inadecuación del sistema judicial para tales efectos.
En el mismo orden de ideas, el tema penitenciario, no escapa de esta dificultad. No es secreto la situación actual de los centros penitenciarios y cárceles del país, colmados de hacinamiento, insalubridad, mal trato a reclusos y familiares de estos, corrupción y tráfico interno, entre otros.
El gobierno actual a puesto en marcha el Proyecto de Humanización del Sistema Penitenciario, a través del Ministerio para el Poder Popular de Interior y Justicia, de la mano del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias (FONEP) lo que representa una alternativa para aliviar la emergencia carcelaria que experimenta el país. Consiste en la creación de nuevos módulos de reclusión que a juicio de los representantes del ministerio, garantizaran un tratamiento integral y clasificación de la población reclusa. Sin embargo, a los efectos solo se ha inaugurado un solo módulo de esta naturaleza, específicamente en la localidad de coro y el cual posee capacidad para 870 internos. Los autores somos de la opinión de que aunque representa un paso importante, esto no resuelve la problemática penitenciaria pues la población penal es mucho mayor de lo que se cree, lo que representa poca celeridad para este proyecto. Entre los beneficios de este programa, se destacan iniciativas de relevancia en política criminal tales como la distribución de los reclusos en módulos de observación de mínima, mediana y máxima seguridad; de mujeres y madres; de aislamiento y destacamento de trabajo lo que permitirá la ejecución acertada de funciones de administración, seguridad y custodia, reclusión, prestación de servicios al interno, utilización de áreas de tratamiento educativo, cultural, deportivo, salud y trabajo.
Se tiene la falsa creencia de que los sistemas penitenciarios de Europa e inclusive los del “norte”, resultan más eficaces que los de Latinoamérica. Nada más lejos de la realidad; y tal vez esta circunstancia sea la causa del error en la implementación de estrategias criminales copiadas de estos sistemas. Las estadísticas mundiales arrojan que la crisis de la inseguridad es mas acentuada en países como Estados Unidos, el Reino Unido, Portugal y España y peor aún en países que son o han sido colonias de estos hasta data reciente y que pudieran ser reflejados por los medios de información como paradisíacos, ejemplo de estos, las Islas Caimán, Islas Vírgenes o Bermudas.
Como se menciona en el principio, Venezuela tiene la particularidad de ser un país sub.-desarrollado, pero en una clara y acelerada vía de desarrollo. Esto origina los problemas de ambos tipos de país. Por un lado la disconformidad socioeconómica pronunciada en la población, circunstancia propia de un país subdesarrollado, como principal efecto, no limitativo, por otro, el gran crecimiento en la demanda de tecnología, turismo, comodidad, beneficio económico, consumo, entre otras; rasgo natural de nuestras ciudades ansiosas por convertirse en grandes metrópolis.
En conclusión, la política criminal la determina la sociedad y es menester que la criminología intervenga en cada uno de los lineamientos de ésta, siempre con la orientación de que se trata de un problema y que por lo tanto tiene soluciones que no se sustentan solo en la represión ya que en este apartado la restricción de la libertad debe ser el último recurso a utilizar. Debemos entonces estudiar al delincuente no como un sujeto castigable, sino como un ser humano regenerable.
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